En consonancia con la oleada de sanciones contra la política exterior que está acometiendo el gobierno ruso, la autoridad aeronáutica de Bermuda, BCAA (Bermuda Civil Aviation Authority) ha procedido a suspender todos los certificados de aeronavegabilidad de aeronaves matriculadas en dicho estado y operadas por aerolíneas rusas, como es el caso de Aeroflot, Rossiya o Pobeda, entre otras. Algunas fuentes como IBA, estiman una cifra de alrededor de 745 aeronaves matriculadas en Bermuda, de las cuales 713 estarían arrendadas a lessors y el resto figurarían en propiedad de firmas rusas. Bermuda codifica las aeronaves bajo su pabellón con las siglas “VP-“ y “VQ-”, ambas presentes en la mayor parte de aeronaves rusas, normalmente por motivos legales y de conveniencia.
La BCAA reconoce en un comunicado que todas las sanciones y restricciones internacionales que se están aplicando han tenido un impacto muy significativo en su propia capacidad de supervisión y a partir de hoy no se garantizan las mínimas condiciones de aeronavegabilidad para todas estas aeronaves. Buen ejemplo de ello y como consecuencia de la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia, es la decisión de fabricantes como Airbus o Boeing, incluyendo todas sus cadenas de proveedores, de no suplir materiales ni componentes para todas las aeronaves operadas por compañías aéreas rusas.
La efectividad de esta medida es firme a partir de las 23:59 UTC del día de hoy y/o a partir del aterrizaje de cualquier aeronave que se encuentre en vuelo en ese momento. Lo cierto es que en el momento de escribir estas líneas, se podían visualizar numerosas aeronaves sobrevolando el espacio aéreo ruso de aerolíneas como Aeroflot, Pobeda, Rossiya, S7 Airlines, Yakutia Airlines y Ural Airlines en Flightradar24, portal especializado en seguimiento de vuelos en tiempo real. Hace unos días, el gobierno ruso propuso registrar todas estas aeronaves bajo matrícula rusa (“RA-“), como continuación de la decisión de cancelar todos los vuelos internacionales para evitar la paralización y embargo de las aeronaves por parte de sus propietarios. Ello está generando tensiones en el mercado de alquiler de aeronaves ante el riesgo de impagos e incluso la pérdida de la posesión de más de 400 aeronaves, valoradas en más de 10.000 millones de euros.
