Mientras el gobierno español plantea sancionar a aerolíneas por cobrar por el equipaje de mano, el resto de la UE defiende la legalidad de este modelo basado en el pago por uso, generando un nuevo pulso entre consumidores, operadores y Bruselas

Cobrar por llevar una maleta de cabina, popularmente conocida como trolley, ha vuelto al centro del debate europeo, y especialmente al nacional, tras la decisión del Ministerio de Consumo de España de sancionar a varias aerolíneas con 179 millones de euros por esta práctica.

Sin embargo, la medida choca frontalmente con la legislación europea y la realidad operativa del sector aéreo. Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa a las principales compañías que operan en España, se insiste en que el cobro por el equipaje en cabina es perfectamente legal y está amparado por el Reglamento Europeo 1008/2008, norma que establece la libertad tarifaria como principio rector en la política comercial de las aerolíneas.

Modelo “a la carta”

Lejos de considerarlo un abuso, la patronal de aerolíneas defiende este modelo como una forma de ofrecer precios más bajos a los pasajeros que no desean llevar equipaje adicional. Según datos de ALA, más de 50 millones de pasajeros optaron por volar sin trolley en 2024. Para estos viajeros, incluir obligatoriamente un servicio que no necesitan significaría encarecer innecesariamente su billete. La lógica del «paga solo por lo que usas» se impone.

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 2014, reconocía la evolución del modelo de negocio en la aviación comercial y la posibilidad de que haya consumidores dispuestos a sacrificar servicios para abaratar costes. Esta transformación del consumidor, más consciente y selectivo, forma parte del fenómeno del unbundling en tarifas, cada vez más frecuente en el transporte y en sectores como el turismo o la movilidad urbana.

En castellano equivale a «desagregar», es decir, establecer diferentes sectores tarifarios en función de las necesidades y gustos del consumidor, partiendo siempre desde el mismo servicio básico y común para todos, que no es otro que el transporte aéreo desde un punto de origen a otro de destino.

Confusión judicial y jurisprudencia contradictoria

El punto de fricción está en la interpretación de la jurisprudencia. La sentencia más reciente del TJUE, dictada en septiembre, establece que el equipaje que cumpla con criterios razonables de peso y tamaño, y que sea necesario para el viaje, no puede ser objeto de recargo. Sin embargo, esa resolución se centra principalmente en el equipaje facturado, no en el de cabina, y deja margen para definir qué tipo de bulto es «indispensable» en cabina.

Todas las aerolíneas que operan en España permiten subir un bulto pequeño, siempre que quepa bajo el asiento delantero. Es decir, una mochila, bolso o maletín. El trolley, por dimensiones, suele superar esos requisitos, y su aceptación depende de la capacidad del avión. En ocasiones, por limitaciones de capacidad la cabina de pasajeros no admite todos los trolleys embarcados por los pasajeros y deben ser reubicados en la bodega del avión, sin coste para el usuario pero perjudicando el tiempo de escala y condicionando la puntualidad del vuelo.

Por ejemplo, un Airbus A320, puede albergar 90 trolleys en la cabina de pasajeros, mientras que su capacidad supera los 180 pasajeros. Este desfase obliga a desarrollar políticas que anticipen cuántos bultos viajarán arriba y cuántos deberán bajarse a la bodega, lo que antes provocaba retrasos frecuentes. Desde que se implantó la política de cobro, algunas aerolíneas reportan reducciones de hasta el 90% en los retrasos relacionados con la gestión del equipaje de cabina.

España, sola ante Europa

La resolución del Ministerio de Consumo que busca prohibir esta práctica no está exenta de polémica. España es el único país de la UE que plantea una sanción directa por este motivo. Y no solo eso: la Comisión Europea ha solicitado explicaciones al Gobierno español mediante el procedimiento EU Pilot, herramienta que permite evaluar si una medida nacional vulnera el derecho comunitario.

Además, el procedimiento está siendo recurrido por las aerolíneas afectadas, lo que significa que no hay decisión firme por el momento. Más de 40 sentencias en España han dado la razón a las compañías aéreas, reconociendo la legalidad del cobro siempre que se garantice un bulto gratuito.

ALA también destaca que actualmente existe un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Europea para armonizar las dimensiones del equipaje de cabina. Esta iniciativa busca reducir la confusión de los pasajeros y facilitar la comparación entre aerolíneas, un paso clave para aumentar la transparencia y reforzar la confianza en el transporte aéreo.

Para una de las partes es un abuso comercial, para la otra es un modelo eficiente de costes y libertad de elección. La batalla por el trolley es, en realidad, un síntoma de la compleja convivencia entre el interés del consumidor, la sostenibilidad operativa y la legislación europea.

A pesar de la lentitud de la justicia y, en ocasiones, torpeza de las autoridades, es deseable que se llegue a una solución justa y equitativa para todo el sector, primando el interés general para no perjudicar más el desarrollo del transporte aéreo.